¿Estamos viendo en Chile un Ciclo Político Económico?

Luis Felipe Lagos

La teoría del Ciclo Político Económico (CPE) sostiene que los gobiernos tienen incentivos para usar los instrumentos a su alcance como la política fiscal, la política monetaria y la cambiaria para impulsar la actividad económica antes de un período eleccionario, para lograr la reelección o que los suceda alguien de la misma coalición. La expansión fiscal inédita que observamos en 2021, en una economía que ya recuperó los niveles de actividad previos a la crisis sanitaria, nos lleva a preguntarnos si en Chile estamos en un ciclo de estas características.

En el caso particular de nuestro país, dada la autonomía del Banco Central, el único instrumento disponible para evaluar la posibilidad de un CPE es la política fiscal. Veamos la evidencia.

Como resultado de la pandemia, se estima que los ingresos del trabajo han caído US$ 10 mil millones en 2020 y US$ 3 mil millones en 2021. La ayuda según la red de protección social alcanzó a US$ 6.391 millones (2,5% del PIB) en 2020 y US$ 23.057 millones (7% del PIB) a septiembre de 2021, superando por mucho la caída de ingresos. A esto se agrega la extensión del IFE a noviembre de 2021; el IFE laboral hasta diciembre de 2021 y apoyo a micro emprendedores, todo por US$ 7 mil millones. En suma, para 2021 la ayuda asciende a US$ 30.057 millones (9,1% del PIB). Además, se agrega la mayor liquidez por US$ 50 mil millones que permitieron los retiros de ahorro previsional.

Solo 20% de esta liquidez ha sido usada para mayor consumo y el 80% para ahorro y pago de deudas, según información del Banco Central. Esto reafirma que la ayuda ha sido muy superior a las necesidades. Por cierto, estás son cifras agregadas y existen familias muy vulnerables que todavía requieren ayuda. Sin embargo, esto amerita una ayuda focalizada y un mayor énfasis en el IFE laboral, que subsidia al trabajador cuando encuentra un empleo formal, dado el rezago en la recuperación del empleo y la necesidad de disminuir la informalidad. En ningún caso se justificaba la extensión del IFE universal.

¿Qué puede entonces explicar esta política fiscal marcadamente procíclica, que ubica a Chile entre los países que más ayuda han otorgado, con una inédita expansión del gasto en torno a 30%, un nivel superior a 30% del PIB y una deuda que excedería la estimación oficial de 34% del PIB en 2021?

La evidencia indica que, en un contexto de un gobierno muy debilitado, permanentemente presionado por los parlamentarios que han propiciado tres retiros de ahorro previsional y amenazan con un cuarto, generando un daño severo a las pensiones, y por las críticas de que las ayudas del Estado “han sido insuficientes y tardías”; estaríamos frente a un CPE inducido por el parlamento, en un año de múltiples elecciones. A diferencia del típico CPE generado por el gobierno, en este caso son los parlamentarios los que buscan una reelección o ser mejor evaluados por la población. En otras palabras, esta sería otra manifestación del “parlamentarismo de facto” que experimenta el país.

Por cierto, el CPE tendrá costos: mayor inflación, mayores déficits y un incremento en la deuda debido a la imposibilidad para el próximo gobierno de partir con un ajuste fiscal draconiano. En efecto, en un escenario moderado, la deuda solo podría estabilizarse en niveles de 50% del PIB, solo hacia finales de la década.